La Corte Constitucional de Colombia se abstuvo de ordenar al Gobierno que suspenda la fumigación de cultivos ilícitos en el país, como lo solicitaron centenares de comunidades indígenas mediante un recurso de amparo.
El organismo determinó que para decidir sobre un asunto gubernamental como la fumigación con glifosato de las siembras ilegales, la petición indígena tendrá que gestionarse ante el Consejo de Estado o los tribunales regionales de la justicia administrativa.
Las fumigaciones son pagadas en parte por Estados Unidos.No obstante esa decisión, la Corte Constitucional ordenó al Gobierno que someta a consulta con los pueblos aborígenes las tareas de erradicación que tenga previsto emprender en los territorios indios.
El ex viceprocurador general Eduardo Montealegre, advirtió que las consultas "no pueden ser simulacros, sino efectivas y reales", para lo cual serán vigiladas por la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.Seguir leyendo:
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